El pago electrónico en el sector público

Los consumidores aumentan sus pagos y actividad en el comercio electrónico. Aunque en el sector privado se es más o menos reticente, en las diferentes instituciones y organismos públicos se está avanzando, poco a poco, en facilitar a los consumidores libertad de elección en la forma en la que quieren realizar sus pagos. El sector público puede apelar en sus motivaciones a las facilidades en los pagos, el ofrecimiento de un mayor número de opciones que pueden beneficiar al consumidor o que sencillamente le permitan elegir lo que mejor le convenga, o el hecho de que el pago electrónico es una medida de lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, ya que este pago deja una huella digital que puede utilizar la administración en sus acciones en este ámbito.

El consumidor electrónico se ha visto beneficiado progresivamente durante los últimos años de la mayor implantación electrónica. Un ejemplo de ello fue en noviembre de 2016, cuando Metro Madrid lanzó un comunicado anunciando la eliminación del mínimo exigible para el pago con tarjeta de sus billetes. La medida se tomó, según el comunicado de Metro Madrid, en base a la bajada de las comisiones bancarias en 2014 y en el ámbito del comercio electrónico. Antes de eso se había restringido el pago del importe mínimo a cinco euros como consecuencia de las altas comisiones existentes en el pago electrónico para las transacciones de pequeños importes, que suponía una carga negativa en este tipo de operaciones. Metro, además, en un contexto de mayor uso de tarjetas en detrimento del efectivo, aplicó esa iniciativa respondiendo a la demanda que sus usuarios habían realizado a través los canales abiertos por la compañía para este tipo de demandas y, según subrayaron, mediante las propias redes sociales.

Al hilo de lo anterior, a principios de este año, la propia Agencia Tributaria mostró interés en habilitar los pagos con tarjeta de crédito o débito en su oficina virtual. En este sentido, la Agencia ha publicado recientemente un proceso de licitación del servicio de pago con tarjeta y con transferencias instantáneas, que según su pliego de prescripciones técnicas pone el foco en el pago de deudas con tarjeta de crédito o débito mediante un TPV virtual en condiciones de comercio electrónico. Tal y como expusimos en una de nuestras entradas anteriores, sobre la devolución del IVA y el tax free, la Agencia Tributaria defiende la digitalización de los trámites por sus beneficios al consumidor, al comerciante y, en su caso, la propia aduana, por su mejor gestión de los riesgos y facilidad para luchar contra el fraude.

La implantación del comercio electrónico va avanzando poco a poco en nuestra sociedad y su uso se extiende entre los usuarios. En este sentido, la fuerza colectiva de los consumidores, mediante sus acciones y reivindicaciones, es la que consigue avanzar y lograr un camino en el que puedan salir beneficiados en su día a día.